Dialéctica de la concentración

   Hoy lunes 25 de febrero se realizará una concentración en la Plaza Libertad en repudio a dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia, estas son el "traslado" de la Jueza Mariana Mota y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831 que recuperaba la pretención punitiva del estado. Además, el Frente Amplio (uno de los convocantes a la marcha) podría patrocinar un juicio político a la corte por considerar que actuó mal en el traslado de Mota.

   Yo voy a ir a la concentración, no por la convocatoria del Frente sino porque considero que la Suprema Corte de Justicia es por definición un órgano de la burguesía y sus testaferros (voy a publicar algo sobre esto pronto) y quiero manifestar mi repudio (aunque no creo que les importe).

   A mi no me preocupa tanto que los responsables materiales del terrorismo de estado sean castigados, preferiría que los sean sus autores intelectuales (de Kissinger y Milton Friedman a Sanguinetti y Vegh Villegas), pero si me parece un mal signo que nuestra sociedad no sea capaz de eliminar una normativa que prefigura la posibilidad de que en otro momento, un grupo de personas vuelva a recurrir al terrorismo de estado para imponer políticas externas (ver artículo anterior).

   Pero también quiero discutir algunas cosas sobre el asunto, sobre todo porque estos temas se terminan discutiendo en una lógica de bandos y se pierde la mirada dialéctica.

La Suprema Corte de Justicia y la independencia de poderes

   Un principio fundamental en que basa el estado de derecho (léase el estado burgués), es en la separación de poderes, esa separación de poderes permite a los diferentes órganos del sistema actuar con autonomía del resto del sistema político y también, y sobre todo, que cuando un órgano se desvía de la poiesis (organización) del sistema, los otros órganos y el aparataje paraestatal (los medios masivos, los partidos políticos, el ejército, las patronales, etc.) se encargan de estabilizar el sistema devolviéndole su estasis (estado) original.

   Así, cuando un órgano se separa de la conducta apropiada, sea esto por corrupción, amiguismo o principios, los otros órganos actúan rápidamente para defender el status quo del sistema liberal burgués.

   Por lo tanto, no hay que entender la independencia de poderes como una herramienta que desvincula las decisiones de cada poder de las de los demás sino como una función que las vincula al interés del sistema estatal[1].

   Entonces, tanto quienes dicen que las decisiones de la corte obedecen a las presiones que la corporación ha recibido de algunos sectores poderosos como quienes las defienden al decir que la corte está actuando con independencia de poderes, tienen razón, porque el verdadero funcionamiento correcto de la corte es no dejarse presionar por los otros poderes del estado y obedecer ciegamente el status quo del sistema social.

   En este marco, actitudes como las de la jueza Mariana Mota o el fiscal Ricardo Perciballe deben ser consideradas como desviadas y por lo tanto castigadas, no tanto como castigo a estos individuos (aunque en el caso de Perciballe ha de haber sido muy importante salvar el pellejo de varios actores políticos) sino más bien como disciplinamiento a los otros individuos.

El Frente Amplio y la pretensión punitiva

   La ley 18.831 es el desenlace de una historia bastante nefasta, descontento con el resultado del mal planificado y peor defendido plebiscito por la anulación de la ley 15.848 (llamada ley de caducidad), el Frente Amplio se da cuenta que si no hacía algo efectivo para terminar con la ley le sucederían dos cosas que no quería, por un lado, que la comunidad internacional (otro instrumento defensor del status quo) condenara a su gobierno por entorpecer las investigaciones sobre el terrorismo de estado y por otro, que gran parte de su electorado se desencantara aun más con su gobierno. Por ello se embarcan en la redacción de una ley bastante mal armada que recuperara la pretensión punitiva del estado.

   El proceso de la ley fue patético, a las críticas evidentes de la derecha tradicional se sumó el recelo de parte de algunos dirigentes frenteamplistas de votar esta ley, sea porque violentaría la "voluntad popular expresada en las urnas"[2] (cosa respetable) o porque en realidad no les interesaba que la pretensión fuera restaurada como en el caso del actual ministro Fernández Huidobro, quien no solo se manifestó contrario a la anulación de la ley mediante plebiscito sino que volvió a defender esa postura en reiteradas ocasiones.

   Pero finalmente la ley apareció y tras algunos toqueteos tuvo la media sanción del senado, pero cuando llegó a diputados se repitió el patetismo pero esta vez con mucha más intensidad, el presidente Mujica fue a presionar a los diputados frenteamplistas, el vicepresidente Astori lo hizo por la tele y el asunto terminó con que uno de los tantos laderos del presidente se negó a votar haciendo que la ley fracasara.

   Unos meses después, viendo que la popularidad del gobierno estaba bajando, el Frente volvió a presentar una ley con la misma intensión e igual del mal redactada, de hecho la ley no tenía diferencias sustanciales excepto por el contexto, en el primer caso el presidente creyó que su imagen positiva, tanto a nivel nacional como internacional, iba a soportar el enojo de los frenteamplistas más interesados en el castigo al terrorismo de estado, en el segundo, su imagen ya estaba cayendo y el estado ya había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

   De esta manera, el sobredimensionamiento que los tupamaros dan a su victimidad del terrorismo de estado[3] los puso en un problema partidario que terminaron resolviendo a las patadas con leyes mal escritas y a fin de cuentas bastante patéticas.

El gobierno y Mariana Mota

   Que la senadora Lucía Topolanski sea una de las convocantes a la marcha es otro dato interesante, más teniendo en cuenta que desde su entorno se trabajó por el castigo a la jueza, pues no solo la derecha y sus medios orgánicos (El País y Búsqueda) trabajaron por ello.
   No hay que olvidar que la jueza Mota tuvo algunos entredichos con el conocido adalid de los represores ministro Fernández Huidobro, uno por la entrada al batallón 13, conocido como 300 Carlos, la cual fue obstaculizada reiteradas veces por el ministro y otra por la negativa del ministro de dar información sobre el accidente del avión Air Class sucedido en junio, en ambos casos Huidobro protege a los militares sea por su participación en el terrorismo de estado o por la responsabilidad ante la muerte de quienes iban en el avión y desoyeron las advertencias de los pilotos acerca de su mal estado.

   Tampoco hay que olvidar que el presidente Mujica también criticó duramente a la jueza Mota cuando en unas declaraciones al diario argentino Página/12 la jueza dijo lo evidente, que "el proceso judicial uruguayo es lento" y que "no hay una promoción de los derechos humanos", en ese momento el presidente dijo que le llamó la atención que la jueza no haya recibido una advertencia de parte de "la Suprema Corte de Justicia o algo parecido (sic)"[4].
   Ante esto, creo que debería sorprendernos un poco que sea justamente la senadora Topolanski quien dice que "la Cámara de Diputados puede pedirle al Senado el juicio político", más tarde dice que dicho juicio no sería por la declaración de inconstitucionalidad sino por el traslado de la jueza Mota, y más aun debería sorprendernos que el MPP, al que están históricamente vinculados Mujica, Huidobro y Semproni, emita un comunicado que tiene como punto tres "Denunciar el incumplimiento, por parte de la SCJ, de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República en su art. 246 para el traslado de la jueza Mariana Mota. Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831."
   No se, como que todo está muy raro.

El mujiquismo y la Suprema Corte de Justicia

   ¿Será casualidad que el mujiquismo salta a defender los derechos humanos justo unas horas después de que la Suprema Corte haya declarado inconstitucional los primeros artículos del ICIR? A mi se me hace que no, pero no deja de ser un dato menor que el ICIR y los derechos humanos hayan estado históricamente tan vinculados.

   Recordemos la historia del ICIR, algunas lineas arriba hablaba del primer intento del Frente de eliminar la ley de caducidad, el intento frustrado por el presidente y su ladero, lo interesante es que el ICIR nace como uno de los tantos bolazos tirados por el presidente, pero este en una situación particular. Fiel a su estilo, cada vez que el presidente o su entorno hacen algunas medidas de corte fascista o represor también hacen algunos anuncios populistas para dejar tranquila a la "barra", se hizo cuando se anunció que se podría legalizar el porro y se hizo con el anuncio del ICIR una semana después de que el innombrable ladero presidencial negara la ley.

   Entonces, el MPP salió a defender, incluso con pautas en los medios con el claim "que paguen más los que tienen más", un impuesto ridículo que no combatiría la concentración sino que tan solo le daría al estado, tal como la venta del porro estatal, "algunos pesitos más", mucho menos de lo que se le regala a los capitales mediante la ley 16.906, llamada de inversiones.

   Pero el impuesto salió, aunque medio a las patadas, el astorismo se le opuso porque, a su entender, cambiaba las "reglas de juego"[5], y eso es feo, es caca. Y evidentemente, tal como pasó con el IRPF, saltó un grupo de perjudicados a acusar al impuesto de inconstitucional.

   Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el impuesto tribunero, el mujiquismo queda pegado y el astorismo aprovecha para cobrarse todas las meadas que ha recibido tras el fiasco PLUNA y el mujiquismo, para no quedar pegado ante los votantes y militantes frenteamplistas, arremete contra la Corte, no por las razones que realmente lo molestan sino por otras que serán mejor vistas por la izquierda progre.

La concentración y la dialéctica

   Entonces, no deberíamos pensar en la concentración como la suma de las bondades, como la muestra irrefutable de que el pueblo exige verdad y justicia[6], como un acto de dignidad social en la que la izquierda defiende la vida, no, más bien deberíamos entenderlo como un acto partidario en el que confluyen varias necesidades políticas (la defensa del ICIR, la recuperación del protagonismo del Frente en temas sociales) con necesidades sociales (verdad y justicia, juicio y castigo).

   Pero eso no tiene por qué estar mal, los derechos humanos no son una condición natural, son una construcción simbólica que los humanos construimos en el combate de las ideas, la justicia social no es sino una necesidad construida por un bando en pos de darle dignidad y sentido histórico a la vida de los trabajadores y la moral es tan solo un conjunto de normas que a algunos les parecen bien, pero otros han de tener su propia moral.

   Y justamente sobre eso se trata la política, de la lucha por la hegemonía simbólica para generar el desarrollo material que nos parece mejor, la Declaración de los Derecos del Hombre y del Ciudadano, con su machismo y eurocentrismo, fue una política acotada al horizonte de expectativas de la época (lo que algunos llamaríamos condiciones subjetivas), lo mismo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos que no surge sino como una negociación entre los dos bloques imperiales de la época (Estados Unidos y la URSS) y también son una discusión política acotada por las condiciones subjetivas nuestra defensa de los derechos humanos  la lucha por la justicia social.

   Entonces, nuestro rol en tanto sujetos históricos no debe ser defender los derechos humanos como una especie de derecho natural (en el que se basa Ignacio de Posadas para criticar la adopción de parte de parejas homosexuales) sino el de tomar a la historia por las astas y dar la batalla política por los cambios que nos parecen necesarios para el mejor desarrollo de la vida del ser humano.

[1] Me parece importante retomar la visión de Althusser sobre el estado, además de las instituciones públicas explícitamente estatales encargadas del ejercicio de la violencia en defensa del orden establecido existen también unos aparatos ideológicos del estado (semejantes a lo que Gramsci llamaba órganos de la hegemonía), instituciones en gran medida privadas que se encargan de imponer la ideología de las clases dominantes.

[2] La inducción muy incompleta que lleva a pensar que la suma de las voluntades individuales podría construir una voluntad popular me parece bastante ridícula.

[3] De hecho los tupamaros no fueron el sector con más presos, torturados o asesinados, ni siquiera fueron un factor importante en el golpe ya que la tecnocracia detrás de1 golpe veía, y con mucha razón, más peligro en el sindicalismo que en una banda de trasnochados armados siguiendo a Sendic (uno de los pocos tupamaros que alguna vez tuvo la capacidad de pensar en una política más allá de circunstancias particulares).
[4] Con algo parecido debe referirse al Tribunal Internacional de La Haya, el colegio de árbitros o el jurado de los premios Tabaré.
[5] Leyes de juego que también podrían ser llamadas "garantías de un estado con pretensiones de benefactor que como única forma de obtener recursos tiene al servilismo a los intereses del capital".
[6] Cosa que de hecho parece no ser cierta.