La democracia como mueca

  Como todo el mundo debe saber, ayer (27 de junio) se cumplieron 40 años del golpe de estado de 1973. Como era esperable ello levantó los ánimos de casi todo el bienpensantismo llenando la prensa, la tele, la radio, internet y hasta la calle de mensajes celebratorios de la democracia. Pero ¿cuál es el estatuto de la democracia pregonada?

  El carácter heterogéneo de las formas coincidía con el carácter homogéneo de los mensajes, siempre se hacía referencia al golpe como el momento nefasto en el que empiezan los problemas institucionales, sociales y humanos y solo en contadas ocasiones (solo se me ocurre Brecha pero debe haber alguna más) se dijo lo que todos deberíamos saber, que el golpe no fue sino la instituccionalización de una violencia terrorista que venía desde el gobierno de Pacheco y a la vez la culminación definitiva de la lucha social de aquellos que llevaban siendo reprimidos al menos desde el primer colegiado (1952).

  Entonces, el golpe es referenciado como un suceso puntual, como un acto barbárico de un mal presidente y un mal gobierno y no como el desenlace casi necesario de un proceso que involucraba a los gobiernos, al empresariado urbano y rural y a las embajadas de varias de las potencias extranjeras y regionales[1].

  Esta caricaturización llega a su extremo con una publicidad de prensa de Antel que reza "Más comunicación, más libertad, mejor democracia". La primer ridiculez es que una publicidad exclusivamente comercial utilice a la democracia como su fuerza de argumento, segundo que una empresa (por más pública que sea) sea la celebradora de la democracia y por último la inverosimil sucesión de enunciados que olvida que la comunicación fue el pilar de los gobiernos fascistas de la Europa de entreguerras.

  La democracia es tomada entonces como un imperativo categórico kantiano, un universal que se impone por encima de todos los particulares. Pero, tal como bien nos acota Hegel, detrás de ese universal bien pueden esconderse los más peligrosos objetivos particulares, ¿o no fue en defensa de la democracia que el gobierno cívico-militar impulsó la reforma constitucional en 1980? ¿no fue en defensa de la instituciones que Pacheco Areco comienza con el terrorismo de estado matando a unos jóvenes que solicitaban lo que hoy es un derecho indiscutible [2]? y finalmente ¿no es en defensa de las instituciones amenazadas por los partidos políticos corruptos que se da el golpe del 27 de junio de 1973?

  Más alla de esta mueca particular, la sociedad uruguaya no entiende a la democracia sino como una mueca, como una pose que hacemos para que nos vean pero que en realidad no tiene ninguna sustancia ya que la desinstitucionalización en la clave de nuestra sociedad.

  Creo que al respecto, la principal muestra es lo que sucede con los delitos cometidos durante el terrorismo de estado.

  En un primer momento se instauró la necesidad (aparentemente histórica[3]) de imposibilitar cualquier acción de la justicia militar, penal y civil respoecto a lo acontecido durante ese período. Esto se hizo de tres modos, uno político (el pacto del Club Naval que transaba la libertad de personas que habían sido detenidas sin haber cometido delitos por una larga lista de garantías a los delincuentes del terrorimo de estado a la vez que continuaba su proyecto económico y social[4]), uno corporativista (la orden implícita de no investigar lo delitos cometidos) y otro legislativo (la ley de caducidad de la pretención punitiva del Estado a la que llamaré de impunidad). Mediante esta triple atadura se lograba, según sus impulsores y defensores, fortalecer la democracia futura mediante la supresión de la democracia presente, es decir, se negaba el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley como única manera posible de asegurar que en el futuro así sea.

  Estre argumento (llevado adelante por los partidos históricos casi en su integridad) no solo era falaz sino que además era tremendamente peligroso ya que sentaba el precedente de que, ante la amenaza de un mal cualquiera y en defensa de la libertad y la democracia, el Estado o algún otro representante de las clases dominantes podía arrasar con la libertad, la democracia y la vida a condición de que luego devolviera todo a la situación formal anterior.

  Esta fue la primer negación de la democracia en pos de la defensa de la democracia.

  Cuando hubo un intento por romper con estas ataduras, o al menos con la legal, la masa acudió a votar y fortalecer así con su mueca democrática esta eliminación de la democracia, entonces, con una esquizofrenia propia del Arkham Asylum, el sistema político e ideológico uruguayo asumieron que la negación sistemática de la democracia y la vida era un principio democrático.

  Esta situación se mantuvo durante mucho tiempo, a tal punto que no fue sino hasta el gobierno de Tabaré Vázquez que por primera vez se rompió (a medias) la atadura corporativa y se empezó a investigar acerca de los delitos más flagrantes. También fue en esa época en la que el Poder Judicial rompió (también solo en parte) las ataduras corporativa y legislativa al declarar inconstitucional la ley de impunidad y abrir la puerta a que hayan ciertas investigaciones al respecto.

  Pero el paso más importante lo llevó adelante el sindicalismo que, casi en solatario hasta último momento, comenzó la recolección de firmas para impulsar un plebiscito que declarara que la ley de impunidad no podía existir, no derogarla sino eliminarla para siempre de nuestro marco legal dejando bien claro que la primera de las negaciones de la democracia no era aceptables.

  Pero, otra vez, la democracia le ganó a la democracia y el pacto de negación ezquizofrénica se mantuvo.

  Más tarde, con un agónico destello de dignidad y apretado por un lineazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Frente Amplio se dispone a contrarestar los principios jurídicos de la ley de impunidad. Pero el estatus quo se personifica en el presidente que, mediante su lacayo, devuelve las cosas al estado de negación democrática.

  Finalmente, hace unos meses, el máximo órgano de la justicia uruguaya decide, en varias instancias y con alevosía, que esta esquizofrenia democrática es válida y que por lo tanto no se debería seguir adelante con las investigaciones sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de estado, la justicia legitima (en un verdadero acto de habla performático) el reinado de la injusticia. Ante esta situación, varias personas manifiestan su descontento de diferentes maneras, ocupando el edificio del órgano, manifestando en la puesta, mediante caceroleos, etc.

  Al igual que en la Suprema Corte de Justicia, en filas de los propulsores originales de la esquizofrenia, el rechazo a la medida de la corporación judicial es tomada con alarma, se dice que se está atacando la institucionalidad democrática del pais, se dice que es una actitud antidemocrática. Se lee entonces, que la verdadera conducta democrática de los adalides de la libertad (lease Sanguinetti quien fue ministro de los dos presidentes del período institucional del terrorismo de estado) no es sino la negación de la vida (en tanto defensa de la táctica antiizquierdista homicida del terrorismo de estado), la negación de la libertad en su acepción vulgar[5] (en tanto defensa de la sistematización del encarcelamiento de los opositores), la negación de la institucionalidad (en tanto negación ahistórica de la necesidad de comprender las causas del terrorismo de estado), antipacifista (en tanto negación sistemática del otro imponiendo una paz conveniente a determinados intereses) y finalmente, la negación de la democracia (en tanto legitimación de una ordenanza que suprime la igualdad formal de los hombres ante la justicia), y todo en defensa de la democracia, la paz, la institucionalidad, la libertad y la vida.

  He aquí la máxima señal de la demencia senil de nuestra institucionalidad, en su agonía, una sociedad en vías de desintegración reclama el respeto a la democracia, a la justicia, a la vida mientras lo único que es capaz de hacer es negarlas sistemáticamente, no solo a aquellos que ya sufrieron esta arbitrariedad, sino también, y aun más importante, a quienes el futuro pagarán las consecuencias de la institucionalización del terrorismo de estado y la naturalización de las políticas sociales y económicas para las que fue concebido.

Notas

[1] En este sentido es fundamental recordar la importancia de la dictadura brasileña en el proceso de institucionalización del terrorismo de estado.

[2] No hay que olvidarse que la primer víctima del terrorismo de estado fue un joven que participaba en una manifestación por el boleto estudiantil, Liber Arce, muerto en un muy democrático 1968.

[3] Es interesante que aquellos que justificaron el terrorismo de estado porque era una defensa contra el marxismo luego dijeran que en determinadas condiciones hay cosas que se hacen históricamente necesarias.

[4] La cuestión tupamara no fue parte del pacto del Club Naval, este aseguraba la liberación del resto de los presos políticos, presos políticos que habían sido detenidos por militancia política o sindical e incluso por prestar ayuda a organizaciones políticas o sindicales no militarizadas.

[5] El concepto de libertad es un poco más complejo que la acepción vulgar pero bien se puede trabajar a partir de ella.